El plan de alfabetización viene con la motosierra encendida
Una semana antes de anunciar el plan educativo, el Gobierno dejó sin efecto la adquisición de textos para los alumnos y docentes.
El gobierno de Javier Milei anunció la semana pasada su plan de alfabetización que tiene como objetivo, según dijo, que “los estudiantes de la Argentina puedan leer, comprender y producir textos en forma acorde a su nivel educativo”. El miércoles último lo dejó asentado en el Boletín Oficial, con una larga lista de acciones comprometidas que incluyen “acceso a recursos educativos de calidad”, la “formación docente inicial y continua”, “adquirir y/o distribuir materiales educativos y libros”, “fortalecer el rol de las bibliotecas escolares y comunitarias”, entre otros tantos. Es más, el Presidente prometió recursos para las provincias en su discurso. Seis días antes, sin embargo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, publicó 10 resoluciones con las que dejó sin efecto la compra de libros (a 10 editoriales) para alumnos de primaria y secundaria, así como para formación docente, que estaba prevista en el programa “Libros para Aprender”. Aunque había anunciado esta decisión en abril, fue firmada justo ahora. De las disposiciones surge que por el presupuesto que se preveía, el desfinanciamiento representa 70.000 millones de pesos.
15 millones de libros menos
“Libros para aprender” es un programa creado en 2021 para “cumplir con el derecho a la educación y garantizar el acceso universal a libros esenciales para el aprendizaje”. En 2023 fueron entregados 11.533.556 libros en escuelas primarias y 4.226.782 en secundarias. Para este año, el secretario de educación, Carlos Torrendell, ya el 31 de enero había firmado una resolución en la que aprobaba el listado de títulos seleccionados por los equipos técnicos de distintas jurisdicciones y preveía la distribución de ejemplares. Explicaba que esa nómina había sido confeccionada por una Comisión Asesora Nacional respaldada por una resolución del 9 de septiembre de 2022 y que la recomendación dura 30 meses, es decir, estaba vigente. Se comprometía a continuar con políticas de promoción de la “igualdad” e invocaba tramos de la Ley de Educación que prevé que el Estado dote a las escuelas de los “recursos necesarios para garantizar una educación de calidad.
En febrero, desde la subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa les notificó a las editoriales que habían cumplido los requisitos. La misma dependencia, sin embargo, pidió el 11 de abril anular los procedimientos para la compra de libros. Alegaba la “imposibilidad de cumplir con los plazos requeridos para que la entrega de este material escolar se produzca en tiempo y forma”. Decía que estimaba que el material no llegaría a las escuelas hasta “el cierre del ciclo lectivo”. La misma nota señalaba que se estaba trabajando en “mejorar los proceso de adquisición y distribución de libros de texto” y anunciaba que “una mayor participación responsable por parte de las jurisdicciones”. Traducido era que les transmitirían a las provincias que se arreglen solas.
Para explicar públicamente tamaña decisión como es cortar el reparto de libros con fines educativos en todo el país, Capital Humano recurrió a su trillada muletilla sobre una supuesta “falta de transparencia” en el programa diseñado durante el gobierno de Alberto Fernández. Es lo mismo que Pettovelo argumentó para cortar la entrega de alimentos a comedores populares y de medicamentos de alto costo a personas sin cobertura médica. En este último caso, por ejemplo, el juez que recibió una denuncia por supuestas maniobras en la contratación de laboratorios dijo que no veía delito. En otra denuncia donde la ministra cuestionaba la rendición de cuentas de centros de primera infancia, invocaba un informe de la Sindicatura General de la Nación cuyas conclusiones (que al parecer ella omitió) decían que las fallas administrativas habían sido subsanadas. Un fiscal le advirtió a Pettovello que deje de usar el sistema penal para hacer denuncias sesgadas y parciales. Esas denuncias, ya sea que se hacen en tribunales o en los medios, son la excusa para interrumpir políticas sociales.
Las resoluciones publicadas el 28 de junio tienen la particularidad: aprueban la convocatoria y la elección del procedimiento de “contratación directa por adjudicación simple por exclusividad”, así como el pliego de bases y condiciones, y en el mismo texto, en el tercer artículo del a parte resolutiva dejan sin efecto la contratación. El proceso de adjudicación para la compra de libros ya estaba iniciado. Por estar incluidos en un esquema donde cubrían una demanda específica y como los libros están protegidos por las normas de propiedad intelectual, estaba habilitada la adjudicación directa. De la resolución surge lo que se había presupuestado, que es lo que no se invertirá.
Las editoriales afectadas, históricas en el rubro y en la contratación con el Estado, son: Arte Gráfico Editorial ($9.612.452.855 presupuestados); Santillana ($11.457.587645), Kapelusz Editora ($9.793.571.145), Ediciones Colihue ($2.686.049.450), Editorial Estrada ($11.231.790.530), Fundación Edelvives ($3.156.966.995), Estación Mandioca ($9.861424.455), Editorial del Árbol ($3.282.604.850), Aique Grupo Editor ($2.641.382.985), Longseller ($6.293.428.750).
A pérdida
Página 12
preguntó en la Secretaría de Educación si el programa “Libros para aprender” será reemplazado por otro programa, o estrategia, u otros libros y qué se hará con el dinero que se destinaba a eso, pero no obtuvo respuesta. El Plan de Alfabetización publicado en el Boletín Oficial es genérico e impreciso. Dice que será financiado con partidas que asigne la Ley de Presupuesto General a Capital Humano y que Jefatura de Gabinete hará adecuaciones. Pettovello habló el día del anuncio y con un discurso a bien a lo Milei –que volvió a respaldarla– dijo: “buena parte de la casta política seguía mirando para otro lado gastando los recursos educativos en ideología, burocracia, corporativismo y negociados. Detrás del discurso de un Estado presente nos encontrábamos con un Estado agrandado y, al mismo tiempo, incapacitado para ejercer sus funciones esenciales”. No explicó de qué negociados y gastos hablaba ni cómo, en este caso, Educación, desplegará su capacidad de gestión en cuestiones básicas, algo que hasta ahora no sucedió. Todo lo que hubo fueron recortes y congelamiento.
“En libros, lo último que compró Nación con el gobierno anterior fueron manuales de primaria para los alumnos, en propiedad, para “sus mochilas” y libros de literatura para las bibliotecas. También libros para las escuelas de nivel inicial. Para docentes repartió una colección denominada “Formando docentes” que en nuestra provincia llegó a 180 institutos y a los 135 centros de investigación docente que tenemos en cada distrito. De este gobierno recibimos cero. La provincia compra otros libros, pero no puede sustituir los que debía comprar Nación”, advierte Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. A la vez, hace notar el impacto de la suspensión de diversas líneas de financiamiento: “Tenemos 1000 obras de infraestructura paralizadas en la provincia, 80 de las cuales son escuelas. No hay recursos para tecnología, tampoco para conectividad, y no hay recursos para libros. No hay tiempo ni recursos para realizar esas compras. Las provincias tienen entre el 92 y el 94% de su presupuesto educativo destinado a salarios, por tanto, se espera que la Nación construya escuelas, compre libros y tecnología y eso se está perdiendo”.
José Goyti, ministro de Educación de Santa Fe explicó a este diario que, ante la falta de entrega de libros, la provincia decidió utilizar fondos propios para un plan que, por ahora, comienza “con primer grado”. “Entregamos una novela por familia más un libro de tareas específico, y cada docente recibe la misma novela con una propuesta didáctica”, explicó. Sostuvo que recibían más libros, pero que el reparto era irregular o no estaban acompañados por un proyecto pedagógico en la provincia. “De todos modos, no recibir material es siempre un impacto negativo. Nosotros creemos que debe haber un aporte nacional en recursos, que pueden ser materiales acordados o recursos económicos, pero debe ser parte de un acuerdo –sostuvo Goyti–. Esa es una posición unánime en el Consejo Federal de Educación. Pero hasta ahora la tendencia ha sido recortar. Lo que más afectó fue el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la suspensión de obras y la compra de libros. El decreto del Plan de Alfabetización todavía prevé la asignación de presupuesto, pero no cuantifica, aún no sabemos cómo será”.
“‘Libros para aprender’ fue una política pública nacional qué impactó directamente en los procesos de enseñanza de los docentes y aprendizajes de los alumnos”, valoró la ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger. “Hoy las jurisdicciones, o al menos mi provincia, llevamos adelante el plan de alfabetización (son 24 planes jurisdiccionales, construidos federalmente y aprobados en el Conbsejo Federal de Educación) con recursos propios y focalizando situadamente los acompañamientos a los docentes y a las instituciones educativas pero no hemos podido hacer compra de libros. Esto resiente la política pública que pretendemos llevar adelante“, lamentó. “Los fondos comprometidos por el gobierno nacional, para llevar adelante el plan de alfabetización, aún no han llegado, los techos presupuestarios, al día de hoy, no permiten planificar una compra de libros por parte de la provincia en este 2024. La enseñanza requiere de inversión en formación docente inicial y continua acompañada de una fuerte política de libros, computadoras, entre otros recursos, que hoy no están garantizados desde el gobierno nacional”.
Fuente: Página 12
