Crisis en las universidades: recortes presupuestarios, protestas y auditorías en el centro del conflicto

 

 

El conflicto universitario se agudiza en Argentina, con paros, tomas estudiantiles y tensiones entre autoridades y el gobierno de Javier Milei, tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. La reducción presupuestaria para universidades y el debate sobre la entrada de fuerzas de seguridad en los campus, en medio de tomas estudiantiles en 25 casas de estudio, generan fuertes controversias. Además, se intensifican los reclamos de auditorías externas a las universidades, mientras el presupuesto por estudiante muestra una baja histórica, complicando aún más la situación académica y laboral en el sector.

 

 

El último miércoles 17 de octubre se llevó adelante un nuevo paro universitario convocado por estudiantes, docentes y gremios en defensa de la universidad pública y en reclamo de mejoras salariales.

Además, se llevo a cabo otro paro de 48 horas, los días 21 y 22 de octubre, según organizado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales (FATUN).

Las medidas de fuerza tienen lugar en medio de la toma de estudiantes de más de 25 universidades nacionales, en rechazo al veto del presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) a la Ley de Financiamiento Universitario.

En esta nota, te traemos un repaso de todo lo que tenés que saber para entender la situación de las universidades nacionales: qué está pasando con las tomas y las fuerzas de seguridad, las auditorías, y los datos presupuestarios.

 

Toma de universidades: ¿qué dice la ley sobre el ingreso de las fuerzas de seguridad en las facultades?

 

Más de 25 universidades nacionales de todo el país fueron tomadas por estudiantes en medio del conflicto con el Gobierno nacional por la falta de presupuesto y el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese contexto, comenzaron a circular en redes sociales posteos que señalan: “La policía intenta ingresar a las universidades violando la ley de autonomía universitaria”; “Cayó la policía a intervenir la facultad de ingeniería de la UBA, no se enteraron de la autonomía universitaria”; “Hoy entró un policía armado a mi facultad, Económicas de la UBA. La ley de autonomía universitaria, prohíbe la entrada de la policía, y menos armada!” (sic).

La Ley de Educación Superior, sancionada en 1995, señala en su artículo 31: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

En Santa Cruz, la Policía provincial irrumpió en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en medio de la protesta. El Rectorado de la universidad denunció el hecho y la policía provincial se defendió.

 

Auditorías a universidades nacionales: ¿quién debe controlarlas y cómo es el proceso?

 

El artículo 59 bis de la Ley de Educación Superior (Ley 24.521) establece que las universidades nacionales estatales deben ser controladas por la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, y, a su vez, contar con mecanismos de auditoría interna. Sin embargo La ley no aclara con qué periodicidad debe hacerse ese control.

La AGN ha realizado auditorías sobre universidades, pero no todos los años y su trabajo presenta algunos años de rezago. El organismo señala que su plan de trabajo depende de una Comisión Parlamentaria Mixta, que aprueba dónde serán las auditorías. Este año se están auditando 6 universidades nacionales.

La SIGEN, que depende del Presidente, fue limitada en 2022 -durante la gestión del Frente de Todos- para intervenir en el control de las casas de estudio a partir de un dictamen del ex procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Ese criterio fue revertido por el actual procurador Rodolfo Barra.

 

¿Qué universidades nacionales serán auditadas por la AGN en 2025 si el Congreso lo aprueba?

 

En su discurso en la presentación del Palacio Libertad (antes Centro Cultural Kirchner), el presidente Javier Milei  cuestionó la presunta falta de auditorías a las universidades nacionales. “Si no quieren ser auditados deben ser porque están sucios por lo tanto señores dejen de engañar a los argentinos y díganles la verdad, que no quieren ser auditados para mantener sus curros”.

En ese contexto, la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso y ejerce el control externo de la Administración Pública, presentó su Programa de Acción Anual 2025 en el que detalla los organismos que auditará.

Incluye diferentes tipos de auditorías a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y a las universidades de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, el Nordeste, Cuyo, Tierra del Fuego, Patagonia, Chilecito y Avellaneda.

El Programa presentado por la AGN debe ser aprobado por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que está compuesta por 6 senadores y 6 diputados. El 30 de octubre, luego de 10 meses de gobierno, se constituyo la Comision, la presidencia fue dada a Migel Angel Pichetto por su experiencia como legislador y ex titular de la AGN -hoy la maneja el justicialista y ex funcionario del Gobierno anterior Juan Manuel Olmos.

 

Ley de Financiamiento Universitario: las claves de la norma que vetó el gobierno de Javier Milei 

Tras la segunda marcha federal universitaria del 2 de octubre, el Gobierno vetó en su totalidad la Ley de Financiamiento Universitario 

El martes 9 de octubre, en una sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación trató el veto presidencial. Finalmente, 160 diputados votaron a favor de insistir con el proyecto de ley, mientras que 84 votaron en contra y 5 se abstuvieron. De esta manera, no se alcanzaron los 2/3 necesarios y se mantuvo el veto de Milei.

La norma preveía un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, y una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.

 

Cuál es el presupuesto anual por estudiante de grado y pregrado?

La inversión anual por estudiante de una universidad pública se encuentra en los niveles más bajos desde 2004

, según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Por esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras organizaciones realizaron una marcha a la Plaza de los Dos Congreso para reclamar al gobierno de Javier Milei por el aumento en las partidas presupuestarias destinadas a universidades nacionales de todo el país y mejoras en los salarios docentes.

Para este año, el presupuesto total para las universidades es de $3,98 billones, lo que equivale a $ 1.905.654 por alumno. La cifra representa una caída del 30,09%  en comparación con 2023.

 

Fuente: Chequeado.com