Este martes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que las universidades nacionales, en ejercicio de su autonomía, tendrán la posibilidad de decidir si implementan aranceles para estudiantes extranjeros. La medida busca generar una fuente de financiamiento para las casas de estudio y priorizar el uso de los recursos en beneficio de los ciudadanos argentinos.
Adorni señaló que el foco estaría puesto especialmente en las carreras de Medicina, donde en algunas universidades los estudiantes extranjeros representan hasta el 30% del total. Sin embargo, datos oficiales indican que los estudiantes internacionales conforman solo el 4,3% de la matrícula total en las universidades públicas y alrededor del 3,9% en las carreras de grado.
A pesar de que la medida podría afectar a unos 79.800 estudiantes extranjeros en el país, la posibilidad de establecer aranceles no es nueva. Ya en 2023, durante una crisis presupuestaria del sector educativo, se había planteado esta alternativa como solución financiera, aunque la propuesta fue descartada por el Congreso.
El anuncio no estuvo exento de críticas dentro del ámbito universitario. Rectores y especialistas cuestionaron tanto la viabilidad de los aranceles como la definición de “extranjeros no residentes”. Según las normativas vigentes, para inscribirse en una universidad argentina los estudiantes deben residir en el país y contar con DNI argentino, lo que genera incertidumbre sobre cómo se aplicará esta medida. Además, universidades como la UBA afirmaron no haber sido informadas previamente, lo que despertó malestar en el sector.
La mayoría de los estudiantes extranjeros proviene de países vecinos como Brasil, Perú y Paraguay, además de un porcentaje considerable de otras naciones de América Latina.
En relación a otros temas, Adorni mencionó que los organismos de salud tendrán autonomía para determinar las condiciones de atención a extranjeros y que se incorporarán delitos específicos como causales de expulsión del país.
