Preocupación en el ámbito docente: denuncian cambios en las Juntas de Clasificación Docente por presuntos pagos de favores políticos

 

Denuncian que la ministra de Educación busca reemplazar a los auxiliares por personas cercanas como pago de favores políticos. La medida pone en riesgo el normal funcionamiento de las Juntas y la cobertura de cargos para 2025.

 

 

El sistema educativo de la provincia se encuentra en el centro de la polémica tras conocerse que todas las comisiones de servicio de las Juntas de Clasificación Docente serían dadas de baja. Según trascendió, los puestos vacantes serían ocupados por personas ajenas a las juntas pero cercanas a la ministra de Educación, en lo que se interpreta como un pago de favores políticos tras las recientes elecciones.

La medida genera preocupación no solo entre los docentes en comisión, quienes deberán retornar a sus cargos habituales, sino también entre los reemplazantes que ocupan esos espacios. Además, la continuidad de los listados y los carnets para los llamados a cubrir cargos en 2025 estaría en peligro, lo que impactaría directamente en la organización del próximo ciclo lectivo.

Ante estos rumores, la secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Karina Navarro, fue consultada sobre la situación. En su respuesta, Navarro señaló:
“Sí, hay un rumor que está la resolución armada. Ellos aluden a que es baja de presupuesto, porque no son necesarias, pero hay leyes que hay que respetar, como la ley de juntas y la ley 503H, donde se detalla cómo deben designarse los auxiliares de junta.”

Navarro subrayó la importancia de respetar el marco legal vigente para garantizar transparencia y equidad en el sistema educativo. Por su parte, diversos sectores del ámbito docente están comenzando a organizarse para exigir explicaciones oficiales y, de ser necesario, movilizarse en defensa de sus derechos laborales y del normal funcionamiento de las juntas.

El silencio oficial hasta el momento no ha hecho más que aumentar la incertidumbre y el malestar. Los docentes temen que estos cambios perjudiquen aún más un sistema ya tensionado por la falta de recursos y por decisiones que, según denuncian, no tienen en cuenta la opinión de los actores directamente involucrados.

Se espera una respuesta de las autoridades educativas para aclarar la situación y garantizar el cumplimiento de las leyes que regulan las Juntas de Clasificación Docente.