Presupuesto educación nacional

Hacia un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario

Las universidades nacionales presentaron ante el Congreso de la Nación un documento para la elaboración de un proyecto de ley que garantice y aumente la inversión en el sistema universitario argentino sin crear nuevos impuestos ni poner en riesgo las cuentas públicas del Estado nacional.

Rectores y rectoras, representantes de gremios docentes y nodocentes y dirigentes estudiantiles presentaron ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley para garantizar el financiamiento de las universidades públicas sin afectar las cuentas del Estado. Se trata de una propuesta que busca solucionar la angustiante situación de los salarios, los gastos de funcionamiento, las becas para los estudiantes y los fondos para ciencia y obras, dándole previsibilidad al sistema educativo superior y buscando una solución estructural al problema del financiamiento.

Los principales lineamientos de la propuesta elaborada por las universidades en su conjunto fueron expuestos ayer, por miércoles 28 de mayo,  por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa y su vice, Franco Bartolacci, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, donde estuvieron acompañados por más 30 rectores y rectoras de universidades públicas de todo el país.

El proyecto de ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, recientemente presentado en el Congreso, propone una serie de medidas para asegurar la estabilidad económica de las universidades públicas argentinas. El objetivo central es garantizar que estas instituciones cuenten con recursos suficientes para su funcionamiento, el pago de salarios y el desarrollo de políticas educativas y científicas de largo plazo.

Una de las principales novedades es la creación de una “Proporción Universitaria”, un porcentaje fijo de los recursos nacionales coparticipables que será destinado directamente al financiamiento del sistema universitario. Esta proporción se calculará en base al último presupuesto aprobado por el Congreso y no afectará los fondos que corresponden a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Además, el proyecto contempla una actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades en función de la inflación medida por el INDEC. Esto incluye partidas clave como el funcionamiento institucional, los hospitales universitarios, las actividades de investigación científica y la extensión universitaria.

En materia salarial, la iniciativa encomienda al Poder Ejecutivo la convocatoria a paritarias docentes y nodocentes al menos cada tres meses, con incrementos mensuales que no pueden quedar por debajo de la inflación, salvo que se acuerde una mejora más favorable para los trabajadores. También se exige que todos los aumentos sean remunerativos y bonificables.

Otro punto destacado es la creación de un fondo anual de 10 mil millones de pesos, actualizado por inflación, para financiar el desarrollo de carreras estratégicas, especialmente en áreas con vacancia crítica y formación en inteligencia artificial. Este fondo será gestionado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, con aval del Consejo Interuniversitario Nacional.

El texto también prevé el fortalecimiento del sistema de becas universitarias, como PROGRESAR y Manuel Belgrano, y la revisión de los criterios de admisión para ampliar el acceso y garantizar condiciones de permanencia. Se establece, además, un crecimiento progresivo de la inversión nacional en educación universitaria hasta alcanzar el 1,5 % del Producto Bruto Interno (PBI) en 2031.

En los fundamentos, el proyecto plantea que la situación presupuestaria actual de las universidades es crítica, y que el congelamiento de partidas en un contexto de alta inflación ha afectado gravemente su funcionamiento. También subraya el rol de la universidad pública como motor de desarrollo científico, innovación y movilidad social.

Desde el ámbito académico y sindical se espera que el debate legislativo avance en línea con el amplio respaldo social evidenciado en la Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril.