La Educación Pública, un límite infranqueable para el Gobierno
El gobierno argentino ha cometido un error considerable al tratar de manejar la reciente movilización ciudadana, comparada en magnitud únicamente con la emblemática Resolución 125 sobre las retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias. Con este nuevo desafío, que es la defensa de la educación pública, el gobierno se ha topado con un muro de resistencia cívica de proporciones históricas.
La educación pública siempre ha sido una línea roja transversal en la sociedad argentina. Es una cuestión que une a personas de todas las clases sociales y orientaciones políticas. Históricamente, cada vez que se ha intentado subestimar su importancia o alterar su esencia, la reacción popular ha sido inmediata y contundente. La reciente movilización no ha sido la excepción.
El intento del gobierno de minimizar y desacreditar las protestas ha sido un fallo táctico. La adhesión de ciertos dirigentes políticos cuestionables a la causa no ha podido opacar el hecho de que la verdadera voz protagonista ha sido la del pueblo: estudiantes que regularmente marchan y aquellos que raramente se suman a protestas, ciudadanos universitarios y no universitarios, familias enteras con niños, padres y abuelos incluidos. La manifestación no ha sido un acto político, sino un clamor popular.
La reacción inicial del gobierno a estas protestas sigue mostrando un desentendimiento alarmante de la situación. En lugar de escuchar y proponer soluciones constructivas, parecen estar atrincherándose detrás de respuestas que sólo sirven para profundizar la división y el descontento.
Es imperativo que el gobierno reconozca y rectifique sus errores en este asunto. No entender la importancia fundamental que tiene la educación pública en la estructura social y cultural de Argentina es pasar por alto uno de los pilares esenciales sobre los que se asienta la estabilidad y el futuro del país. La educación no sólo es un derecho, sino también un punto de encuentro donde todas las diferencias se disuelven en un objetivo común: la formación y el bienestar de las próximas generaciones.
La defensa de la educación pública ha demostrado ser una causa capaz de unir a la nación en su conjunto. Subestimar este hecho es no solo un error de cálculo político, sino una falta de visión y sensibilidad hacia lo que verdaderamente importa a los ciudadanos de este país. El gobierno debe actuar rápido para enmendar su curso y comenzar a curar las heridas abiertas en esta confrontación innecesaria, escuchando y respondiendo de manera constructiva a las demandas de su gente. La historia no será amable con quienes elijan ignorar las voces de sus propios electores.
